La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), con respaldo oficialista pero enfrentando cuestionamientos de prefecturas, concejos municipales y organizaciones sociales.
La propuesta establece que los GAD deberán destinar al menos el 70% del presupuesto a inversión en obra pública, infraestructura, mantenimiento y servicios básicos, mientras que el 30% corresponderá a gasto corriente, incluidos sueldos y salarios. Además, se prevén sanciones presupuestarias en caso de incumplimiento de estos porcentajes.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, defiende la normativa como una medida para mejorar la eficiencia del gasto, argumentando que actualmente gran parte de los recursos transferidos a los GAD se destinan a gasto corriente en lugar de inversión. Por otro lado, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas respalda el enfoque del proyecto, destacando la importancia de una disciplina fiscal adecuada orientada a la ciudadanía.
La Proforma Presupuestaria 2026 del Municipio de Cuenca revela un aumento en el presupuesto total, con una mayor asignación a inversión en obras públicas. Sin embargo, el debate se centra en la clasificación de ciertas partidas y en la definición de qué conceptos pueden considerarse como inversión, según lo establecido en la reforma.
Autoridades como el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, han expresado preocupación por el impacto de la reforma en los recursos destinados a prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales, advirtiendo sobre posibles recortes y la afectación de programas sociales. Organizaciones como el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca también han alertado sobre el riesgo de reducción de recursos para programas municipales que benefician a sectores vulnerables de la población.
Expertos constitucionalistas como Santiago Machuca han señalado que la reforma podría limitar la autonomía de los GAD al establecer restricciones en la asignación de recursos. Por otro lado, representantes de los gobiernos locales y organizaciones sociales argumentan que la redefinición de conceptos de inversión podría afectar la operatividad de los programas sociales y tensionar el principio de autonomía establecido en la Constitución.
El debate en torno a la reforma al COOTAD refleja las tensiones entre la necesidad de una gestión eficiente de los recursos públicos y la protección de la autonomía financiera de los gobiernos locales. Mientras se busca impulsar la inversión en infraestructura y servicios básicos, es fundamental considerar el impacto que estas medidas puedan tener en la prestación de programas sociales y en la capacidad de los gobiernos subnacionales para atender las necesidades de sus comunidades.