La renuncia irrevocable de Mario Godoy a la presidencia del Consejo de la Judicatura, anunciada el 18 de febrero de 2026, ha cambiado el curso de su juicio político en la Asamblea Nacional. A pesar de su salida, el proceso legislativo continuó avanzando hacia la censura, con efectos jurídicos concretos incluso después de que Godoy ya no estuviera en funciones.
Inicialmente, Mario Godoy solicitó una licencia sin cargo a vacaciones para enfrentar el juicio político en la Asamblea. Sin embargo, antes de que el proceso legislativo llegara a su fin, presentó su renuncia irrevocable, modificando así el efecto del juicio político y convirtiendo la censura en el enfoque central. La censura implica la prohibición de desempeñar funciones públicas durante dos años, según el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La censura tiene dos escenarios: cuando el funcionario aún está en funciones, implica su destitución inmediata; y cuando ya no ocupa el cargo, genera una inhabilidad para ejercer funciones públicas durante dos años a partir de la resolución. Aunque la renuncia de Godoy ocurrió antes de la votación legislativa, la prohibición de ejercer cargos estatales se mantiene. La Asamblea conserva la competencia para emitir un pronunciamiento político que resulte en esta sanción.
Con la renuncia y posterior censura de Mario Godoy, se genera una ausencia definitiva en la vocalía que ocupaba. Según el abogado constitucionalista Edison Guarango, corresponde activar el procedimiento previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial. El Consejo de la Judicatura notificará la vacante al Cpccs para que se inicie el proceso de designación a partir de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia.
Ante el impedimento de la vocal alterna de Mario Godoy, Damián Larco fue designado como presidente temporal del Consejo de la Judicatura para evitar una acefalía. Según el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, Larco debe permanecer en funciones hasta que el Cpccs designe al nuevo titular y a su alterno. Mientras tanto, la Corte Nacional ha enviado una terna para el reemplazo en la Judicatura.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha abierto la convocatoria para que la ciudadanía se inscriba como parte de la veeduría que supervisará la transparencia en el proceso de designación del nuevo vocal suplente del Consejo de la Judicatura. El reglamento estipula un plazo aproximado de 40 días para completar la designación, mientras Damián Larco continúa en la presidencia temporal del organismo.
Aunque la presidencia temporal de Larco es válida en derecho, la prolongación de esta situación plantea desafíos institucionales y políticos en el Consejo de la Judicatura. El futuro de la institución depende de la celeridad con la que el Cpccs concluya el proceso de designación y se nombre al nuevo vocal delegado de la Corte. La estabilidad institucional se ve afectada por la incertidumbre generada por la salida y censura de Mario Godoy.