La noche del jueves 12 de febrero de 2026, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el informe para primer debate de la ley urgente sobre minería enviada por el presidente Daniel Noboa. Esta decisión ha generado controversia y debate en el país.
El proyecto de ley tiene como objetivo fortalecer la competitividad y el desarrollo territorial en el sector minero y energético de Ecuador. Una de las principales novedades es la entrega de regalías mineras a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), con la condición de que estos recursos se destinen exclusivamente a inversión y no a gasto corriente. Esta medida busca generar impactos directos en el bienestar de la ciudadanía y se transparentará su uso mediante planes de inversión con indicadores verificables.
Además, se plantea la creación de distritos autónomos eléctricos para garantizar estabilidad energética y fomentar clústeres productivos y mineros. Se exige que los proyectos mineros cuenten con su propia generación de energía y se refuerza la lucha contra la minería ilegal con zonas de seguridad sustentadas técnicamente.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) ha expresado su rechazo a la ley urgente sobre minería, argumentando que debilita el control ambiental y pone en riesgo los derechos de las comunidades indígenas. La Conaie señala que la propuesta prioriza la agilización de inversiones extractivas sin garantizar la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, un derecho reconocido en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos.
Asimismo, la organización advierte que la sustitución de licencias ambientales por autorizaciones simplificadas reduce la consulta a un procedimiento formal, sin asegurar procesos reales de decisión colectiva ni consentimiento previo. Además, critican la flexibilización de controles ambientales y administrativos, argumentando que debilita la capacidad del Estado para prevenir daños irreversibles en ecosistemas estratégicos.
Además de las reformas en el sector minero y energético, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Cootad, enviado con carácter de urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa. Esta propuesta busca establecer reglas fiscales para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con el fin de priorizar la inversión pública y mejorar la calidad del gasto en los territorios.
Entre los cambios propuestos se encuentra la reforma del artículo 192 del Cootad, que establece que los GAD participarán del 21 de los ingresos permanentes y del 10 de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado. Se busca que al menos el 70 del presupuesto anual se destine a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y activos públicos vinculados con la prestación de servicios.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, lideró una marcha en contra de las reformas al Cootad propuestas por el Gobierno. Muñoz argumenta que estas reformas podrían tener impactos negativos en los servicios municipales, como el posible cierre de colegios municipales o un aumento en el pasaje del Metro de Quito.
En medio de la polémica y el debate, las reformas en la ley de minería y energía, así como en el Cootad, han generado opiniones encontradas en la sociedad ecuatoriana. Mientras unos ven en estas medidas una oportunidad para impulsar el desarrollo económico, otros las critican por supuestamente debilitar el control ambiental y los derechos de las comunidades indígenas. La discusión continúa en el ámbito político y social del país.