El miércoles 11 de febrero de 2026, el Comité de Ética de la Asamblea Nacional recomendó al Pleno la destitución del asambleísta correísta Juan Andrés González, luego de que el Pleno rechazara cinco intentos de levantarle la inmunidad parlamentaria.
La denuncia, presentada por la asambleísta Ana Belén Tapia de Acción Democrática Nacional (ADN), señala a González por presunto cobro de diezmos a un excolaborador y supuestos maltratos a un funcionario de su despacho. Se le acusa de solicitar pagos relacionados con pasajes terrestres, gastos de vehículo y adquisición de medicinas.
En su defensa, González asegura que devolvió el dinero y que todo fue hecho de manera oportuna.
El informe del Comité de Ética será remitido al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, quien deberá incluirlo como uno de los puntos en las sesiones del Pleno. Para la destitución de González, la denunciante necesita de 101 votos a favor.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa prohíbe a los asambleístas recibir diezmos, comisiones, cuotas, aportes, entre otros. Asimismo, la Constitución establece prohibiciones como desempeñar funciones incompatibles con su cargo y gestionar recursos fuera del ámbito administrativo de la Asamblea.
La situación de González pone en tela de juicio su ética y compromiso con la legalidad, generando controversias y debates en el ámbito político nacional.