El caso Goleada ha levantado polémica en el ámbito judicial, involucrando al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a sus hermanos Xavier y Antonio, en un presunto perjuicio al Estado por la reventa de diésel subsidiado. La Fiscalía ha señalado la existencia de un entramado empresarial que habría operado para evadir controles y obtener ganancias ilícitas.
La investigación se centra en cinco eventos desde 2021, donde se habrían realizado acciones como la comercialización de combustible a embarcaciones internacionales y pagos a trabajadores de la aduana, entre otros. Se estima un perjuicio económico para el Estado de alrededor de 100 millones de dólares, derivado de la reventa de diésel subsidiado a precios internacionales.
Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez dictó medidas cautelares contra los 11 procesados en el caso Goleada. Cinco de ellos recibieron prisión preventiva, incluyendo a Aquiles Álvarez, mientras que los seis restantes obtuvieron medidas sustitutivas. Además, se ordenó el congelamiento de cuentas bancarias y otras restricciones para todos los procesados.
El caso Goleada sigue en desarrollo, con la instrucción fiscal programada para durar noventa días. Se han presentado pruebas como pericias informáticas y mensajes que apuntan a la coordinación entre los procesados para llevar a cabo las presuntas actividades ilícitas. La resolución del juez sobre las medidas cautelares ha generado expectativas en la opinión pública, mientras se espera que el proceso judicial arroje luz sobre los hechos denunciados.