El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y otras autoridades de gobiernos locales participaron en una marcha el 12 de febrero en la capital ecuatoriana, mostrando su rechazo a la nueva Ley Económica Urgente enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Esta ley busca que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) destinen al menos el 70% de su presupuesto en obras.
Según Muñoz y otras autoridades locales, la aprobación de esta normativa podría significar una reducción en el presupuesto para los GADs, afectando especialmente la labor de atención social que realizan alcaldías y prefecturas en Ecuador. Durante la marcha, se podían observar carteles con mensajes como "Archivo a la reforma" y "Sin recursos, no hay gestión".
El secretario Jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, acudió a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para defender el proyecto. Herrería señaló que la falta de obra y desarrollo social en los gobiernos locales crea presión en el Estado central, que a veces no puede suplir estas deficiencias debido a limitaciones económicas.
La reforma propuesta establece una regla clara para que los GADs destinen un mínimo del 70% de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, así como servicios públicos. Esta regla fiscal busca garantizar trazabilidad, control y rendición de cuentas en el uso de los recursos.
La presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Yuri Colorado, expresó su apoyo a la normativa, aunque realizó algunas recomendaciones al proyecto. La discusión sobre esta ley ha generado opiniones divididas entre las autoridades locales, mostrando la importancia de un debate abierto y transparente sobre las políticas que impactan en el desarrollo de las comunidades.