La Fiscalía General del Estado reveló nuevos detalles sobre el avance del denominado caso Goleada, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, y a otras ocho personas, investigadas por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Los once procesados fueron detenidos el martes 10 de febrero en Guayaquil y posteriormente trasladados a Quito, donde enfrentan la audiencia de formulación de cargos.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para Aquiles Álvarez y el congelamiento de sus cuentas bancarias. La misma medida fue requerida para sus hermanos, Antonio y Xavier Álvarez. La Fiscalía fundamentó su pedido en la necesidad de neutralizar riesgos procesales, debido a que la investigación apunta a un entramado societario complejo que habría corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustible.
Guayaquil se encuentra en la incertidumbre tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez y sus implicaciones legales. La defensa de los procesados ha cuestionado la solidez de los indicios presentados por la Fiscalía, argumentando que las conversaciones analizadas corresponden a diálogos habituales dentro del ámbito empresarial y no constituyen actividades ilícitas.
En resumen, el Caso Goleada ha generado un gran impacto político y social en Ecuador, involucrando a una de las autoridades municipales más importantes del país en un complejo entramado de corrupción y lavado de activos. La decisión judicial de imponer la prisión preventiva marca un hito en este proceso que continúa desarrollándose.