La tarde del miércoles 11 de febrero, la justicia ecuatoriana ratificó la medida de prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tras una audiencia en el Complejo Judicial Norte de Quito. La Fiscalía presentó cerca de 20 elementos de convicción que apuntan a un "entramado societario complejo" dedicado a la comercialización irregular de combustible y lavado de activos.
Minutos después de conocerse la decisión, el expresidente Rafael Correa publicó un mensaje en sus redes sociales cuestionando la moralidad del Gobierno actual y los estamentos de seguridad del Estado. Correa denunció una supuesta persecución política y un cambio en la política judicial del país.
La Fiscalía General del Estado sostiene que la estructura liderada por Álvarez logró corromper a funcionarios y evadir controles estatales en torno al combustible. La base de la acusación se sustenta en una pericia de 150,000 páginas de chats de WhatsApp. Por su parte, la defensa técnica ha insistido en que las conversaciones son empresariales y que no hay riesgo de fuga.
La detención también se vio empañada por las denuncias de la esposa del alcalde, Fiorella Icaza, sobre la violencia del operativo en su hogar. Icaza denunció que agentes encapuchados la amenazaron con un fusil frente a sus hijos. La familia considera esta situación como el punto culminante de una persecución de más de un año.
La detención de Álvarez desató una serie de reacciones en el ámbito político ecuatoriano. Figuras del correísmo como Paola Pabón y Viviana Veloz rechazaron la medida, calificándola como una represalia política. La vicealcaldesa de Guayaquil, Tatiana Coronel, también se pronunció en respaldo a Álvarez, denunciando una supuesta persecución política.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó su respaldo a Álvarez y advirtió sobre los riesgos que esta decisión judicial representa para el estado de derecho en el país. Muñoz enfatizó la importancia de respetar las garantías constitucionales y la presunción de inocencia en todos los casos.
Tras la audiencia de formulación de cargos, se dictó prisión preventiva para Álvarez y otros diez implicados en el caso Goleada. La defensa ha cuestionado la legalidad de la detención y ha señalado similitudes con un caso anterior. La ciudad de Guayaquil queda a la expectativa de las implicaciones políticas y de la respuesta de la defensa en instancias superiores.
Mientras Álvarez permanece detenido, la designación de una alcaldesa subrogante en Guayaquil marca una etapa de transición. El alcalde de Quito resalta la importancia de respetar el estado de derecho y las garantías constitucionales en todos los casos, más allá de la afiliación política o el cargo público de los implicados.