En el año 2025, Ecuador fue señalado por Transparencia Internacional como uno de los países de América que no lograron avanzar en la lucha contra la corrupción. En un contexto regional donde el estancamiento y los retrocesos son moneda corriente, el país obtuvo una puntuación de 33 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
Según el informe, la región americana en su conjunto no mostró mejoras significativas, manteniendo un promedio de 42 puntos en el IPC. De los 33 países evaluados, 12 han empeorado considerablemente desde 2012, año en que se actualizó la metodología del índice. Solo República Dominicana y Guyana registraron leves mejoras, con un punto adicional cada uno.
La corrupción ha facilitado la infiltración del crimen organizado en la política de países como México, Brasil y Colombia, generando impactos directos en la democracia y la seguridad ciudadana. Incluso naciones consideradas sólidas en democracia, como Costa Rica y Uruguay, enfrentan hoy problemas de violencia asociados a estos fenómenos.
Transparencia Internacional también alerta sobre el debilitamiento del espacio cívico en Ecuador, donde se han impuesto restricciones a las ONG, presión sobre medios independientes y limitaciones al control ciudadano. Estas acciones afectan la transparencia y la rendición de cuentas en el país, contribuyendo a la perpetuación de la corrupción.
Por su parte, Estados Unidos ha registrado una disminución en su puntuación del IPC, alcanzando su nivel más bajo hasta la fecha. Medidas como el ataque a las voces independientes y la debilitación de la independencia judicial han generado preocupación en la sociedad. Además, la congelación temporal y el debilitamiento de la aplicación de la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero también son motivo de alarma.
La corrupción sigue siendo un desafío importante en la región americana, con repercusiones directas en la vida cotidiana de sus habitantes y en la calidad de la democracia. Es fundamental que los gobiernos refuercen sus políticas de transparencia y rendición de cuentas para combatir este flagelo que socava los cimientos de las sociedades. La colaboración entre países, la participación ciudadana activa y la presión constante sobre las instituciones son clave para avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todos.