El Gobierno encargado de Venezuela ha presentado una propuesta de ley de amnistía para las personas detenidas por motivos políticos. Se espera que sea aprobada por el Parlamento en los próximos días. Esta iniciativa surge en un momento clave para el país, según la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y se enmarca en un proceso de excarcelaciones anunciado recientemente.
Excluidos: La ley contempla una amnistía general y plena para aquellos procesados por delitos políticos desde 1999 hasta enero de 2026, con ciertas excepciones como violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
Extinción de acciones penales: Uno de los puntos más delicados, según Rafael Uzcátegui de la ONG Laboratorio de Paz, es la extinción de todas las acciones relacionadas con los hechos amnistiados, lo que podría llevar a la impunidad.
Acto de clemencia: Acceso a la Justicia señala contradicciones conceptuales en el proyecto, destacando que se presenta la amnistía como un acto de clemencia, aunque se omite la responsabilidad de todas las partes en la confrontación política.
Diversas organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación respecto a la propuesta de ley de amnistía. Alertan sobre la falta de derogación de leyes utilizadas para la persecución política, así como la posible impunidad que podría generarse al cerrar juicios penales y evitar demandas civiles.
El presidente del Parlamento ha prometido la liberación de todos los detenidos una vez se apruebe la ley de amnistía. Aunque se han reportado algunas excarcelaciones, la cifra exacta de presos políticos liberados sigue siendo controvertida. La oposición ha señalado que desde enero ya han sido liberadas más de 400 personas.
En resumen, la propuesta de ley de amnistía planteada por el chavismo en Venezuela ha generado debate y preocupación entre diferentes sectores de la sociedad. Mientras el Gobierno busca impulsar un nuevo momento político en el país, las críticas apuntan a posibles contradicciones conceptuales y la necesidad de garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos en cualquier proceso de reconciliación nacional.