En las saturadas cárceles ecuatorianas, los jóvenes privados de libertad están dando un paso inesperado: están estudiando. Lejos de los estereotipos de violencia, los Millennials y la Generación Z están buscando la manera de reconstruir su futuro laboral a través de la educación. Un estudio reciente de la Escuela Politécnica Nacional revela que, cuando se les brinda la oportunidad, los PPL (personas privadas de libertad) deciden entrar al aula en busca de nuevas oportunidades.
Con una población mayoritariamente joven y masculina, las cifras del Censo Penitenciario 2022 en Ecuador muestran la urgencia de discutir la educación como una herramienta fundamental para frenar la violencia y promover la reinserción. Los datos revelan que la mayoría de los PPL se encuentran en niveles educativos básicos y medios, con un porcentaje significativo de analfabetismo, especialmente entre los Millennials.
Tanto para personas sentenciadas como procesadas, el principal obstáculo educativo se encuentra antes de obtener un título. La mayoría se concentra en niveles educativos básicos y medios, con un acceso limitado a la educación superior. Es esencial garantizar que más personas completen al menos la educación media para facilitar su reinserción laboral.
El estudio de la EPN destaca que los Millennials y la Generación Z muestran una mayor probabilidad de participar en programas educativos en prisión, motivados por la reinserción y la mejora de sus credenciales laborales. Por otro lado, las mujeres y las minorías étnicas encuentran en la educación una herramienta de supervivencia y empoderamiento, enfrentando un mercado laboral hostil al recuperar la libertad.
El respaldo emocional, las visitas familiares y la atención psicológica son clave para mantener la motivación de los internos en programas educativos. Los traslados entre centros penitenciarios representan un obstáculo significativo, interrumpiendo rutinas y debilitando los vínculos sociales necesarios para el aprendizaje.
Los investigadores de la EPN proponen medidas como un pacto anti traslados académicos, garantizar la portabilidad educativa, priorizar el apoyo psicológico y las visitas, ofrecer programas educativos diferenciados por generación y establecer alianzas con instituciones educativas para certificaciones laborales.
La falta de títulos y competencias certificables aumenta la probabilidad de reincidencia, deteriora la convivencia intramuros y facilita el control de bandas delictivas. Con una gran mayoría de PPL pertenecientes a las generaciones Millennials y Gen Z, cada oportunidad educativa perdida representa un desperdicio de talento para el país.
Enlace externo: El derecho a la educación en las cárceles
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