Desde su casa, Monika Silva Koniuszek, presidenta de la fundación La Integridad, revela detalles sobre el presunto tráfico de tierras en Santa Elena. Esta problemática, que a menudo involucra testaferrismo y lavado de activos, tiene profundas conexiones con el narcotráfico.
Koniuszek señala que el tráfico de tierras no se limita al cantón Santa Elena, sino que se extiende a otros como Salinas. Denuncias de despojo ilegal de tierras y violación de derechos básicos han surgido, involucrando a figuras como el alcalde Dennis Córdova.
El rol del exalcalde Otto Vera en el despojo de tierras a la familia Perrone en Santa Elena es cuestionado. Koniuszek explica cómo Vera utilizó al Concejo Cantonal para facilitar la compraventa de tierras a la empresa Bellitec, en un esquema que involucra a compradores y autoridades locales.
A pesar de la venta de más de 700 hectáreas de tierra y las denuncias presentadas, la Contraloría no encontró responsabilidades en Otto Vera. Koniuszek critica el informe de la Contraloría, señalando posibles conflictos de interés que podrían haber afectado la investigación.
Denuncias, apelaciones y solicitudes de apoyo a asambleístas han sido parte de la lucha de Koniuszek por la justicia en este caso. Sin embargo, la falta de procesos contra Otto Vera plantea interrogantes sobre quién lo está protegiendo.
El caso ha llegado hasta la Corte Constitucional, donde aún se espera una resolución sobre el incumplimiento de sentencia a favor de la familia Perrone. Más de 30 meses han transcurrido desde que este proceso inició, sin una conclusión clara a la vista.
El oscuro mundo del tráfico de tierras en Santa Elena sigue siendo un desafío para la justicia y la transparencia. Las conexiones políticas y los posibles actos de corrupción que lo rodean plantean interrogantes sobre la integridad de las instituciones y la lucha contra la impunidad.