Una mujer fue procesada por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, a gran escala, tras un operativo policial ejecutado en el sur de Quito.
El caso se conoció el pasado 29 de enero de 2026 y se relaciona con el hallazgo de 185 kilos con 220 gramos de marihuana que, según las autoridades, se almacenaban en una vivienda del sector de Guamaní, en Pichincha. La procesada, identificada como Kerly Sulay G., fue aprehendida al mediodía del 28 de enero durante una intervención de la Policía Nacional.
De acuerdo con la versión presentada en audiencia, los uniformados actuaron tras recibir un reporte anónimo de moradores del sector. Los denunciantes alertaron sobre la descarga de varios bultos desde un vehículo hacia una vivienda de color naranja. Amparados en el estado de excepción vigente, los agentes ingresaron al inmueble señalado y encontraron 378 fundas plásticas que contenían marihuana.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscal del caso solicitó prisión preventiva contra la sospechosa. El pedido se sustentó en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), entre ellos la existencia de suficientes elementos de convicción y el riesgo procesal.
Tras escuchar a las partes, la Jueza acogió el pedido de Fiscalía y dispuso la medida cautelar de prisión preventiva, además de ordenar el inicio de la instrucción fiscal, que se extenderá por un plazo de 30 días. En ese periodo, la Fiscalía deberá reunir más elementos que permitan sustentar la acusación.
El delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, a gran escala, se encuentra tipificado en el artículo 220, numeral 1, literal d, del COIP y contempla sanciones severas dentro del marco penal ecuatoriano. La mujer procesada podría enfrentar graves consecuencias legales si se demuestra su responsabilidad en el tráfico de marihuana a gran escala.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el tráfico de drogas y el papel fundamental de las autoridades en la prevención y persecución de este tipo de delitos. La marihuana, aunque en algunos lugares se está legalizando para uso medicinal o recreativo, sigue siendo una sustancia ilícita en muchos países y su tráfico conlleva graves consecuencias legales.