La Fiscalía de Ecuador llevó a cabo allanamientos el 28 de enero de 2026 en el marco del caso Caja Chica, que investiga presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de activos relacionados con la campaña presidencial de 2023. Entre los investigados se encuentran Luisa González, Andrés Arauz, Patricio Chávez, Rafael Correa, y otros miembros del correísmo.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de prisión de hasta 30 años para los autores de delitos de delincuencia organizada y de hasta 22 años para los colaboradores. Además, contempla sanciones económicas como el decomiso de bienes y multas equivalentes al valor de los activos ilícitos.
Tras los allanamientos, Andrés Arauz se pronunció en redes sociales acusando al Gobierno de motivaciones políticas en el caso Caja Chica. Por su parte, Luisa González negó cualquier vínculo con financiamiento ilegal desde Venezuela y criticó la actuación de las autoridades judiciales.
El correísmo ha manifestado su respaldo a los investigados, denunciando una persecución política por parte del Ejecutivo. Por otro lado, figuras como Marcela Aguiñaga han rechazado las acusaciones y han señalado que las responsabilidades financieras recaen en los candidatos y no en los presidentes de los partidos.
El caso Caja Chica continúa en fase de investigación previa, con la Fiscalía recabando evidencias para determinar la participación de cada implicado en los presuntos delitos. Las repercusiones políticas y legales de este caso siguen generando controversia en Ecuador.