El miércoles 28 de enero de 2026, las declaraciones de Luisa González y Marcela Aguiñaga en torno al Caso Caja Chica han generado controversia en el ámbito político ecuatoriano. A continuación, se analizan las posturas de ambas figuras políticas frente a la investigación en curso.
Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, se pronunció tras los allanamientos en su domicilio, negando cualquier financiamiento irregular desde Venezuela. En una rueda de prensa, González denunció una persecución política y afirmó que los cargos en su contra buscan silenciarla como figura de oposición. Además, cuestionó la actuación de las autoridades judiciales y reclamó falta de información durante el operativo.
Por otro lado, Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, se desligó de cualquier responsabilidad en el manejo de fondos de campaña de 2023. Enfatizó que la Ley Electoral establece claramente que la responsabilidad financiera recae en el candidato y el responsable del manejo de recursos, no en el presidente del partido. Aguiñaga reafirmó su compromiso con la provincia del Guayas y se puso a disposición de la Fiscalía para cualquier requerimiento.
El Caso Caja Chica apunta a una presunta estructura de delincuencia organizada que habría canalizado dinero desde Venezuela para financiar la campaña de la Revolución Ciudadana en 2023. La Fiscalía ejecutó allanamientos en varios inmuebles sin reportar detenciones hasta el momento, manteniendo la investigación en fase preliminar y bajo reserva procesal.
En medio de acusaciones, defensas y reclamos, el Caso Caja Chica continúa su curso, arrojando luz sobre presuntos actos ilícitos en el financiamiento de campañas políticas en Ecuador. Las posturas de Luisa González y Marcela Aguiñaga reflejan la complejidad de la situación y la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la política nacional.