La Fiscalía General del Estado llevó a cabo un operativo nacional el 28 de enero de 2026 en el marco del caso Caja Chica, que involucra a figuras prominentes del correísmo, incluida la excandidata presidencial Luisa González. Entre los investigados se encuentran Rafael Correa, Andrés Arauz, Patricio Chávez, entre otros. Las diligencias incluyeron allanamientos en inmuebles de Pichincha y Guayas, en busca de evidencia relacionada con presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y financiamiento político irregular.
El caso ha colocado a Luisa González en el centro del debate político, afectando su reputación y estrategia electoral. Por otro lado, Rafael Correa, pese a residir en el exterior, mantiene su liderazgo político dentro de la Revolución Ciudadana. La investigación ha reforzado la percepción de un movimiento con un liderazgo centralizado y dificultades para renovarse o institucionalizarse.
Ante procesos judiciales como este, la Revolución Ciudadana tiende a cerrarse y depurarse internamente. La judicialización suele activar un mecanismo de cohesión frente a amenazas externas, reforzando la disciplina partidaria. Sin embargo, esta unidad puede ser inestable si el proceso afecta candidaturas, alianzas o gobiernos subnacionales, llevando a actores con capital político propio a distanciarse.
La narrativa de persecución política es común en el correísmo, pero su eficacia depende de la falta de evidencia pública verificable. El caso Caja Chica podría desgastarse si aparecen pruebas documentales claras y el proceso se percibe como un problema ético e institucional. La publicación de evidencias comprometedoras extraídas de los dispositivos incautados podría ser determinante para la imagen de los implicados.
El caso Caja Chica podría funcionar como un factor de movilización para la base dura del correísmo, gracias al tono confrontacional adoptado por algunos implicados. Aunque no debilitaría la estructura del movimiento de forma inmediata, sí afectaría su capacidad de crecimiento. La calidad de las pruebas y su eventual judicialización determinarán el impacto político del caso en el futuro del correísmo.
La supuesta colaboración eficaz del exasambleísta Santiago Díaz en el caso Caja Chica plantea interrogantes jurídicas importantes. La cooperación eficaz es una figura legal que permite reducir condenas a cambio de información relevante para esclarecer crímenes. En este caso, Díaz busca obtener beneficios judiciales mediante la entrega de información sobre la organización política Revolución Ciudadana.
Con estos elementos, se puede observar el complejo escenario político y judicial que rodea al caso Caja Chica y su impacto en el correísmo.