Tras meses de retraso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) activó el concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado en Ecuador el pasado 14 de enero de 2026. Este retraso mantuvo a la Fiscalía bajo encargos sucesivos, sin una autoridad titular.
Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional SEK y miembro de la comisión ciudadana de seguimiento, explicó que la designación del fiscal general es crucial en un momento crítico para la justicia en el país. La falta de liderazgo en la Fiscalía desde la renuncia de Diana Salazar Méndez en abril de 2025 ha generado preocupación en diversos sectores académicos y de la sociedad civil.
La comisión ciudadana de seguimiento se creó como una iniciativa nacional para alertar sobre posibles anomalías en el proceso de selección del fiscal general. A pesar de no partir de denuncias de corrupción concretas, su objetivo es prevenir resultados que comprometan la legalidad y legitimidad de la designación.
Joselito Argüello presentó una acción de protección para suspender la posesión de los comisionados, lo que podría retrasar el proceso. Edison Guarango, abogado constitucionalista, advirtió sobre posibles nulidades y acciones judiciales si no se resuelven las observaciones técnicas.
Existen mecanismos legales internos para revisar la conformación de la comisión a través de mociones dentro del pleno del Cpccs. Abrir un debate formal sobre las observaciones técnicas detectadas podría ser necesario para garantizar la transparencia del proceso.
Mantener observaciones sin resolver en esta etapa inicial puede llevar a riesgos institucionales, jurisdiccionales y sociales a lo largo del proceso. Es importante recordar casos anteriores en los que errores en la designación de autoridades resultaron en conflictos políticos y judiciales.