El Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió no dar paso al pedido de juicio político contra cinco consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Esto se debe a inconsistencias en firmas de respaldo y falta de uniformidad en la identificación de la autoridad cuestionada.
El CAL revisó 42 firmas de respaldo presentadas junto a la solicitud impulsada por la asambleísta Luisa Molina. De ellas, 16 fueron observadas por inconsistencias vinculadas a la integridad de la firma electrónica, lo que invalida su validez para sustentar el pedido. Entre las firmas objetadas constan registros de legisladores del movimiento Revolución Ciudadana.
El informe técnico también señaló falta de uniformidad en la identificación de la autoridad sujeta al juicio político. En uno de los numerales revisados se menciona únicamente a Jimmy Daniel Martín Delgado, y no a los cinco funcionarios señalados, lo que evidencia incoherencias internas en el escrito presentado.
El organismo adoptó la decisión con base en un informe técnico de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), el cual concluyó que la solicitud no cumple con los requisitos constitucionales y legales para ser admitida y recomendó no continuar con el proceso.
Con estas observaciones, la UTL recomendó al CAL archivar la solicitud por incumplimiento de los requisitos del artículo 131 de la Constitución y de los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El pleno del CAL acogió esa recomendación y decidió no admitir el trámite.
Los consejeros señalados en la solicitud son Xavier Fantoni Baldeón, Johanna Ivonne Verdezoto del Salto, Jazmín Enríquez Castro, David Rosero Minday y Piedad Cuarán Rosero. Según el CAL, la solicitud presentada carece de sustento válido para activar un juicio político en su contra.
En resumen, el CAL no dio paso al juicio político contra los consejeros del Cpccs debido a las inconsistencias en las firmas de respaldo y la falta de uniformidad en la identificación de la autoridad. La decisión se basó en recomendaciones de la Unidad Técnica Legislativa y en el incumplimiento de requisitos legales y constitucionales.