Una investigación de la revista Plan V pone al descubierto una polémica relacionada con la gestión de Delcy Rodríguez como ministra de Petróleo de Venezuela, donde se revela la asignación de contratos estratégicos a empresas sin experiencia y con vínculos políticos cuestionables. Este escenario plantea serias dudas sobre la transparencia y legalidad de dichos acuerdos.
Según la investigación, en enero de 2026, Delcy Rodríguez impulsó los Contratos de Participación Productiva (CPP) en 2024, un mecanismo creado en el marco de la Ley Antibloqueo de 2020. Estos contratos permitieron asociaciones en el sector petrolero con escasa transparencia, remplazando a las empresas mixtas tradicionales y brindando mayores beneficios al socio privado. Todo esto en un contexto de sanciones internacionales que limitaban la actuación de grandes petroleras en Venezuela.
La investigación detalla que uno de los contratos fue otorgado a Territorio Trading Group, una empresa sin historial en la producción de hidrocarburos registrada en España en 2024. Esta compañía obtuvo un CPP en 2025 para explotar el campo Melones, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco. Detrás de esta empresa se encuentra el empresario ecuatoriano Manuel Antonio Robalino Orellana, quien tiene relaciones comerciales con exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, como Héctor Egüez Álava.
Otro elemento clave revelado por la investigación es la participación de exministros de Economía del gobierno de Correa, Patricio Rivera y Fausto Herrera, como asesores cercanos de Delcy Rodríguez. Estos ecuatorianos habrían tenido un papel fundamental en el diseño de los CPP, llegando incluso a tener oficinas dentro de la estatal petrolera Pdvsa. Esta influencia contribuyó a la reconfiguración del negocio petrolero venezolano en un momento de crisis económica para el país.
A pesar del potencial del campo Melones, Territorio Trading Group no logró cumplir con las metas de inversión y producción establecidas. La empresa debía alcanzar una extracción de 10 000 barriles diarios en 2025, pero solo logró llegar a 8 000 barriles. La reciente captura de Nicolás Maduro y los intentos de control por parte de Estados Unidos sobre el sector petrolero venezolano podrían poner fin a estos acuerdos, evidenciando un patrón de amiguismo transnacional en la gestión de los recursos estratégicos del país.
La investigación de Plan V destapa un entramado de contratos petroleros cuestionables en Venezuela, donde la falta de transparencia y la presunta influencia política han generado controversia en torno a la gestión de Delcy Rodríguez. Esta revelación pone de manifiesto la importancia de garantizar la integridad en la asignación de contratos en sectores clave como el petrolero, para evitar posibles casos de corrupción y favorecimiento de intereses particulares en detrimento del bienestar general.