El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha tomado una decisión trascendental en el caso de Alembert Vera, ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), al declarar cumplida su sanción y ordenar la restitución de sus derechos políticos. Esta resolución marca un hito en un proceso que ha involucrado cambios legales y multas pendientes.
Alembert Vera fue sancionado en 2024 con cuatro años de suspensión de derechos políticos por realizar proselitismo durante el proceso de 2023 para integrar el Cpccs. Sin embargo, el juez del TCE, Guillermo Ortega, aplicó la reforma al Código de la Democracia aprobada en julio de 2025, que redujo la sanción máxima para este tipo de infracciones a un año. Bajo esta nueva normativa, se determinó que el plazo de suspensión ya había sido cumplido.
A pesar de la restitución de los derechos políticos, la multa impuesta a Alembert Vera por un monto de aproximadamente 22,000 dólares sigue en etapa de cobro. El juez Ortega no accedió a dejar sin efecto esta multa y señaló que el proceso de cobro continúa por la vía coactiva ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, se informó que Vera ha suscrito convenios de facilidades de pago, lo que impide modificar el monto de la multa.
El TCE también ha dispuesto oficiar al Ministerio de Trabajo, al CNE y a la Secretaría del propio Tribunal para que se levante la suspensión de derechos de participación en los registros correspondientes. Estas entidades deberán enviar la documentación que certifique el cumplimiento de la medida. Asimismo, se ordenó la publicación de la resolución en la página institucional del Tribunal.
La sanción impuesta a Alembert Vera tuvo su origen en actos de campaña realizados junto al expresidente Rafael Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana. En su decisión de 2024, el TCE recordó que la Constitución prohíbe a los aspirantes al Cpccs hacer proselitismo con organizaciones políticas, con el fin de preservar la independencia del organismo. El Tribunal también estableció que publicaciones en redes sociales pueden constituir propaganda electoral cuando promueven una candidatura.
En resumen, la restitución de los derechos políticos de Alembert Vera marca el fin de un proceso legal complejo que ha involucrado cambios legislativos, multas y disposiciones a diversas instituciones. Esta decisión del TCE abre un nuevo capítulo en la trayectoria política de Vera y plantea reflexiones sobre la aplicación de la ley y los límites en la participación electoral.