Desde su asunción como presidente del Consejo de la Judicatura en julio de 2024, Mario Godoy ha estado en el ojo del huracán. Su designación, tras un proceso cuestionado por presiones políticas, generó dudas sobre su idoneidad para el cargo.
El proceso de selección del Cpccs para reemplazar a Wilman Terán estuvo envuelto en polémica desde el principio. A pesar de las críticas, Godoy fue nombrado presidente del organismo, desatando especulaciones sobre su historial profesional.
Se cuestionó su participación en la defensa legal de personas vinculadas al narcotráfico, como los hermanos Larrea, detenidos posteriormente por este delito. Además, durante el concurso para designar al Consejo de la Judicatura, surgieron impugnaciones por presuntos abusos de funciones y vínculos con el Ejecutivo.
El caso más reciente que ha sacudido la gestión de Godoy es la denuncia de amenazas al juez Carlos Serrano, quien se apartó de sus funciones tras sentenciar a un ciudadano serbio en el caso Euro 2024. Las presiones para que el magistrado declare inocente al acusado, presuntamente provenientes de un funcionario de la Judicatura, quedaron registradas en audios que han desatado críticas y pedidos de juicio político.
Ante la presión política y las tensiones internas en la Judicatura, el futuro de Mario Godoy como presidente del Consejo es incierto. La solicitud de licencia para preparar su comparecencia en la Asamblea Nacional y las acusaciones en su contra lo ponen en una posición delicada, mientras la bancada de la Revolución Ciudadana impulsa un juicio político en su contra.
En medio de este escenario turbulento, la sociedad ecuatoriana observa con atención el desenlace de este episodio, que no solo pone en entredicho la gestión de Godoy, sino que también cuestiona la independencia y la transparencia del sistema judicial en el país.